jueves, 14 de febrero de 2008

CHILE, "LA MARCHA DE LOS PINGÜINOS": Para entender el Movimiento Estudiantil de los Secundarios de 2006

Jorge Díaz Arroyo

Durante los meses de marzo a julio de 2006 la agenda noticiosa estuvo copada por una noticia de carácter, nacional, estructural y con gran impacto en la opinión pública e inclusión por parte de la sociedad civil. Este “evento noticioso” no estuvo gatillado por ninguna iniciativa o reforma impulsada por el gobierno o alguna bancada parlamentaria, tampoco se trató de una demanda o voz de alerta de alguna naturaleza gremial, empresarial, de la iglesia, la FF.AA. o el Poder Judicial. Tampoco comenzó a causa de una tragedia natural de proporciones o fue el coletazo de algún suceso internacional o de la región. Es más, ni siquiera sus protagonistas fueron mayores de edad. Me refiero a las demandas de los estudiantes secundarios a lo largo de todo Chile, el “conflicto estudiantil” o si se quiere denominarla así, a la revolución pingüina.
En efecto, lo que comenzó como una de las tantas demandas que de tanto en tanto llegan a ocupar parte de los titulares de prensa o algunos minutos de noticiero, -con relatos de enfrentamiento entre carabineros y manifestantes, escaramuzas varias y un saldo de detenidos entre algún párrafo perdido explicando los motivos de los agitadores y la naturaleza de sus propuestas y peticiones- se transformó, probablemente, en la más grande reforma a la educación desde la municipalización y desvinculización estatal ocurrida durante la dictadura militar o la “Reforma educacional” implementada por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz – Tagle, con la revisión curricular, incorporación de tecnología, cobertura e infraestructura en la mitad de los noventa (curiosamente, ninguna se ha traducido en un aumento en la calidad de la educación, acaso, durante este tiempo la situación a empeorado).
De hecho, el tema en cuestión, la inequidad y falta de calidad en la educación, especialmente la de los sectores más desposeídos (medios y bajos), quienes más necesitan de ella como medio de movilidad social y promoción cultural, había sido ampliamente tratado por todos los sectores que participaron en la pasada elección presidencial y parlamentaria (2005), con sendos, elocuentes y apasionados discursos. Sin embargo, meses después no se había anunciado ninguna medida decisiva en esta materia por parte del ejecutivo, sin esto tener tampoco, la menor muestra de molestia, reproche ni amague de iniciativa por parte del resto de las coaliciones, partidos o actores políticos.
Los estudiantes secundarios (prácticamente los de la Región Metropolitana), por su parte, llevaban más de un año planteando sus problemáticas y propuestas de solución a la autoridad correspondiente (el ex Ministro Bitar dejó un documento que daba cuenta del avance en las discusiones con los estudiantes, mas sin adelantar ninguna solución concreta aún), además de haber generado instancias de discusión representativas, democráticas y con un claro mecanismo de transparencia, modelo que sería posteriormente replicado por las otras regiones del país. Esta madurez les permitió, cuando el conflicto “salió a la calle” y “se hizo público”, revertir la tendencia a la criminalización a la que estaban viéndose expuestos, fruto de los enfrentamientos con la policía, la pereza investigativa de la prensa, los inevitables infiltrados y lúmpen y el propio descontrol de algunos estudiantes que no entendieron el sentido del movimiento.
Los pingüinos, entonces, asumieron recluirse en los propios colegios y liceos y presionar por sus demandas mediante paros reflexivos o tomas, evitando exponerse en la calle a los enfrentamientos, la represión y el tildamiento de lúmpen vandálico e irreflexivo.
Mientras el mundo político y medial comenzaba a tomar nota respecto a lo que estaba sucediendo, para mayor sorpresa de “los especialistas”, los establecimientos municipalizados (que presentaban la mayor cantidad de problemas y demandas), comenzaban a recibir el entusiasta respaldo de sus compañeros particulares subvencionados y “particulares - particulares” a la vez que se ganaban las simpatías de los apoderados, profesores y otros diversos sectores de la sociedad civil, incluso de los escolares básicos (que en algunos casos, con la complicidad de profesores y sostenedores, realizaron sus propios “paros” y “jornadas de reflexión”).
Al tiempo que la legitimidad de las demandas y la justeza y racionalidad de las medidas propuestas por los estudiantes (al menos del punto de vista de su propio orden lógico y coherencia de las mismas) era reconocida transversalmente por la totalidad de los actores públicos y privados relevantes en el tema (incluido el propio Ministerio que era demandado), los intentos de represión mediante el uso de la fuerza pública y el bajo perfil que el Ministro del momento le quiso dar al asunto fueron condenados por la generalidad de la opinión pública, poniendo de relieve la importancia de “la cuestión” y la necesidad de que “este momento histórico” fuese bien resuelto de una vez por todas, para el beneficio de los propios estudiantes, las generaciones de estudiantes del “mañana”, y los principios de justicia, equidad y dignidad del país.

LAS DEMANDAS

El petitorio de los estudiantes se concentró en lo fundamental en 4 puntos, dos de ellos de ejecución en un corto plazo (“agenda corta”), y otros dos que requerían cambios estructurales (“agenda larga”), por lo que su concreción debía necesariamente materializarse tras un debate y creación de instrumentos que permitiesen su adecuada aplicación. Por otra parte, la agenda corta estaba destinada a resolver problemas de acceso a la educación: gratuidad para la PSU, Gratuidad del Pase Escolar y pasaje escolar y su validez para todo el territorio nacional; mientras la agenda larga se abocaba a la calidad de la misma: Derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y su reemplazo por un marco legal distinto y evaluación y reformulación de la Jornada Escolar Completa (JEC).
De acuerdo a los jóvenes, Los fundamentos para tales demandas se sostienen en lo siguiente:
PSU: Esta “prueba única y obligatoria” necesaria para optar a las universidades tradicionales, debiese adquirir un carácter de derecho, ya que, si es un derecho el poder ingresar a la Educación Superior, es por lo tanto un derecho dar la única prueba de acceso que lo permite (al menos en su modalidad universitaria). También, se reclama por el alto valor de la prueba. El costo real de su confección es en torno a los 3500 pesos, pero lo que se cobra es más de 20.000 lo cual ayuda a financiar a la Universidad de Chile que la confecciona –otro problema que bien podría revisarse en un futuro es el grave abandono estatal a las universidades que le pertenecen. A modo de adelanto, dígase que solo el 25% del financiamiento se los da el Estado, el resto debe ser autofinanciado por cada institución–.
Gratuidad del pase escolar y de la tarifa: bajo el concepto de que en un país con las marcadas desigualdades que el nuestro presenta y los aún preocupantes índices de pobreza, es grosero tener que pagar, tan solo para poder llegar al establecimiento. También se exigió la validez del pase escolar para todo y todos los días, y de alcance a todo el territorio nacional, ya que la calidad de estudiante no se pierde al no portar el uniforme, o al cambiar el día, la hora y el lugar en que uno se encuentre.
LOCE: el cuestionamiento se basó en dos ítems. Por una parte su ilegitimidad desde el punto de vista ético-institucional, ya que se le entendió como una medida “de amarre”, arbitraria, ejecutada en dictadura y publicada tan solo un día antes de concluir el régimen de Pinochet y pasar a la transición democrática. Por otra parte, su contenido: desvincula al Estado de la educación (consagrando y rigidizándo lo impuesto el año 1981 en la reforma educacional), dejando la ejecución en manos de sostenedores, municipales o privados, a quienes se le aporta una subvención y otras ayudas, pero sin recaer la responsabilidad de la gestión y calidad en el Estado de Chile.
JEC: Se cuestionaba en cuanto a su aplicación: insuficiencia de espacios para la atención y desempeño simultáneo de los alumnos en clase (o en los horarios de colación, quizás el problema más sensible y vital para los estudiantes); mala adopción curricular al tiempo extra (se observa más de lo mismo y no una diversidad curricular que atienda a los requerimientos y propia diversidad de los intereses de los estudiantes).
Junto a lo anterior, se reclamó por malas instalaciones y salubridad en una cantidad importante de recintos (públicos y privados), conductas abusivas en las prácticas laborales de los establecimientos técnico-profesionales, o falta de implementos e infraestructura en los talleres y laboratorios de los mismos. En fin, todos aspectos que inciden en la mala calidad de la educación en Chile, cuestión desde largo conocida por las autoridades del país, y respaldadas por incuestionables mediciones nacionales e internacionales (SIMCE, PSU, TIMS, etc.)

LAS RESPUESTAS

La autoridad, luego de dilatar la respuesta efectiva al petitorio planteado por los jóvenes, contestó –al país–, por medio de “cadena nacional”, el reconocimiento, legitimidad y justicia de “cada una de las demandas”, a la vez que anunciaba una serie de medidas para palear de inmediato problemas concretos: becas con gratuidad total o parcial para los cuatro quintiles de menores ingresos que rindieran la PSU; gratuidad del Pase Escolar (no habría que pagar para certificar la condición de estudiante) y validez de este para todo el territorio y en horario extendido durante el año escolar (aunque se presentó, con cifras en la mano, la imposibilidad de atender la gratuidad de la tarifa, dado su altísimo costo); aumento inmediato de la cantidad de raciones otorgadas por la JUNAEB en los establecimientos con JEC. Se anunciaron así mismo, becas para pagar prácticas profesionales a estudiantes de colegios técnico-profesionales, mejoras en establecimientos con infraestructura deficiente, revisión de la JEC (con un Programa de Evaluación que se implementó en todos los establecimientos de Chile que hoy la aplican y cuyos resultados son aún, para gran parte de la opnión pública, desconocidos) y, para todo aquello que compete a la Agenda Larga, una Comisión Asesora Presidencial, con participación de todos los sectores/actores vinculados al tema educacional.

LA COMISIÓN ASESORA PRESIDENCIAL
Luego de algunos resquemores y reservas ante una cierta sobre representación de sectores más “conservadores” o “reaccionarios”, el movimiento cedió ante las promesas presidenciales, y, junto con volver a clases, eligió a sus representantes para formar parte de la Comisión. A fines de Agosto surgió otro brote de indignación estudiantil en algunas comunas de Santiago. Manifestaban su rechazo a la lentitud en la aplicación de ciertas medidas y mejoras puntuales prometidas por la presidenta y que debían aplicarse ya desde el segundo semestre (En efecto, se pudo comprobar que establecimientos con notables carencias de infraestructuras no habían sido intervenidos para su reparación o reemplazo de materiales, edificios o mobiliario), al tiempo que llamaban la atención sobre el escaso avance en las distintas subcomisiones del Comité Asesor y la relativización de los temas y reivindicaciones por las que ellos lucharon, dada la composición de los miembros (muchos ideólogos de lo que ya existe). El 29 de septiembre de 2006 el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, entregó su Informe de Avance, y el 11 de diciembre del mismo año, el informa final, poniendo ambos a disposición de la comunidad en su sitio web www.consejoeducacion.cl. De la comisiim surgiero dos informe, una de mayoría y el otro de minoría, manifestando las diferentes propuestas y visiones de solución, representando un poco así, las diferentes posturas y sensibilidades que se encontraron en una comisión compuesta por 81 miembros.
Obviamente aquello generó un debate en los medios de comunicación, esta vez con más protagonismo de actores tradicionales, en un medio donde los estudiantes se marginaron de firmar el acuerdo;, y su figuración se debilitó tras la vuelta a clases, el peso de las asignaturas por largo tiempo “suspendidas” para los dirigentes y las rencillas e intereses político partidista que comenzaron a aparecer cuando comenzó a discutirse la conducción política del movimiento luego de conseguir que el gobierno se decidiera a abordarlo de la manera que los jóvenes y –hasta altura– la comunidad requería.
Por otro lado, un factor por el que los jóvenes perdieran protagonismo y ascendencia en esta etapa, como reconocieron muchos miembros de la comisión e incluso los propios dirigentes, fue el mal pie para discutir cuestiones técnicas sobre educación, economía, y políticas públicas. En rigor los líderes de los estudiantes movilizados solo estaban en condiciones de platear las deficiencias del sistema y enunciar sus demandas sin explicar ni discutir el como hacer éstas efectivas.

EPÍLOGO
El 9 de abril de 2007, el gobierno de la Presidencia Bachelet envió el proyecto de Ley General de Educación dirigido a reemplazar la antigua LOCE y recoger, supuestamente, los alcances y propuestas de la comisión asesora.
Entre sus propuestas figuran la creación de una Comisión Nacional de Educación que vele por la calidad de la misma, el fin del lucro de los sostenedores y el fin de la selección hasta el sexto año de enseñanza básica, resolviéndose la posible sobredemanda a un colegio por sorteo y no por criterio seleccionador alguno. Estos dos últimos tópicos provocaron una ardua discusión en la prensa por parte de diversos actores, mientras los pocos estudiantes con alguna figuración mediática señalaban que ninguna de las propuestas planteadas ayudaba a resolver el tema de fondo de la educación chilena en la perspectiva que ellos indicaron en los orígenes del movimiento.
El tema se resolvió mediante un acuerdo político entre el gobierno, la Alianza por Chile y la Concertación (de centro derecha y centro izquierda, respectivamente) el 13 de noviembre de 2007, permitiendo el lucro y prohibiendo la selección, entre los punto que originalmente generaron más controversia. Con todo, y complementado con otros proyectos que apuntan, por ejemplo, al financiamiento, (no habrá desmunicipalización ni reformas estructurales de financiación) las nuevas reformas no son aún leyes y no conocemos aún el resultado final de todo el movimiento originado el 2006.
Ha de esperarse que los resultados definitivos (el como quede definitivamente la Ley General de Educación) y las medidas que de ello se generen, no produzcan una “transformación” pobre y, sobre todo, poco efectiva, que nos lleve a, dentro de un tiempo más, la creación de un nuevo Comité que revise por qué lo que se hizo ayer estuvo mal y que medidas debemos tomar ahora para dar, de una buena vez, una educación con libertad, con calidad y con dignidad para lo hijos e hijas de Chile. Lo Pingüinos ya nos mostraron que son los actores “vinculados al tema” los que deben (y pueden) tomar la palabra, y en este caso, también, “mostrar el camino”.


* Artículo publicado originalmente en revista BOCETO, Colegio San Antonio del Baluarte, Rengo, noviembre de 2006 (esta versión está corregida y actualizada) Fotografías de Emol.com.

13 comentarios:

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