viernes, 22 de julio de 2011

Estudiantes movilizados ¿irresponsables o precursores de un cambio necesario?



"En mi opinión, estos jóvenes movilizados, en Rengo o en cualquier lugar, no están perdiendo el tiempo, no son cabros que sacan la vuelta o están viviendo una aventura inmadura, infantil o irresponsable… muy por el contrario, demuestran una rara vocación social. Si han radicalizado sus posturas, si desconfían de las promesas para bajar las movilizaciones, es porque saben que el movimiento que les antecedió el 2006 terminó en nada o en muy poco"


En las últimas semanas se han manifestado en Rengo por diversos medios de prensa la preocupación de algún grupo de apoderados e incluso alumnos, por los efectos de las pérdidas de clases producto de los paros y/o tomas producidos en el marco de las movilizaciones estudiantiles que buscan, en síntesis, mejorar las condiciones de calidad, accesibilidad y financiamiento de la educación básica, media y superior.

La preocupación es comprensible y, hasta cierto punto, meritoria, por cuanto demuestra interés de los padres y/o apoderados por el rendimiento y futuro de sus pupilos.

No obstante, es precisamente el motivo de las demandas y los sacrificios que su defensa y sostenimiento implican para los estudiantes, lo que debiera llevarnos a una reflexión más honda de la naturaleza y mérito de estas movilizaciones y lo que ellas en definitiva buscan.

Es un dato de la causa, la mala calidad general de la educación en Chile, particularmente la que reciben los sectores más vulnerables de la población; paradojalmente si pensamos que es la educación la herramienta que les debiera permitir un progreso integral en sus condiciones y calidad de vida. Esta tarea urgente, ha sido sistemáticamente ignorada por los diferentes gobiernos de turno.

Para las elecciones presidenciales donde resultó elector Ricardo Lagos, en los debates y foros el tema fue reconocido por todos. Personalmente, como estudiante universitario, fui uno, entre miles, que marché pacíficamente voceando la consigna “¡Financiamiento, acreditación, otra fraude de la concertación!”, Incluso protestamos al interior del congreso el día de la votación del proyecto y en mi entonces calidad de dirigente estudiantil me reuní con diputados, ministro y la comisión de educación de la Cámara para exponer nuestros puntos de vista. Métodos republicanos, sin duda.

Entonces, alertábamos que era justo dar un sistema de financiamiento para los estudiantes de instituciones privadas (centros de formación técnica, institutos superiores y universidades no tradicionales), sin embargo lo que el estado en ese momento proponía era un sistema o modelo perverso, que hacía financiar tal política en la banca, como un crédito privado y usurero, apenas maquillado como “con aval del estado”. El tiempo nos ha dado la razón y ante las presiones de los actuales estudiantes -secundarios y universitarios- el ejecutivo acaba de enviar al congreso indicaciones para corregir (no abolir ni reemplazar) dicha ley de financiamiento, declarando que aspira a bajar la tasa de interés a ¡un 4%!. Cuando en su minuto nosotros protestábamos contra la iniciativa, el entonces proyecto fue aprobado y hoy es una ley que se intenta corregir.


Nuestro segundo reclamo, la acreditación, resultaba también una tarea necesaria, por cuanto pretendía certificar la calidad de los planteles educativos, pero en la forma es como estaba diseñada y propuesta, llena de gruesos errores estructurales (ver por ejemplo el triste caso de la Universidad Técnica Metropolitana), era tremendamente distorsionadora, ya que se exigía a instituciones de muy diversa condición, misiones y recursos, someterse en un tiempo exiguo a un proceso exigente (cosa buena); no obstante algunas de ellas -las estatales- se encontraban desamparadas para enfrentarse a las condiciones del reto. Me explico. Las llamadas universidades estatales reciben menos del 20% de financiamiento del estado. El resto lo paga usted, si es que tiene un hijo que estudia allí. Si no es el caso, valga decir que el resto lo pagan los estudiantes y sus familias (proporción que es única en un sistema universitario en el mundo y que deja el término de “estatal” en un limbo difícil de explicar).

Así y todo, y a costa de grandes sacrificios, las universidades estatales, fieles a sus principios, suelen ser las de aranceles más económicos y de las que mayor investigación desarrollan, como también son las que suelen imprimir en sus estudiantes una formación integral (extra docencia) más completa. En tal escenario, la ley de acreditación, insisto, necesaria en cuanto a certificar la calidad de los planteles, pero inequitativa en cuanto a su diseño, equivale al siguiente ejemplo, si me permiten explicarlo con “peras y manzanas”:

Un padre (el estado) organiza en su barrio un concurso, una competencia física (La acreditación). Les explica a todos los niños y niñas participantes las bases, y que le pidan a sus padres (sus sostenedores: fundaciones, entes privados, directorios, etc.) que los apoyen y que el día “X” comienza la competencia, la que será muy exigente. Pues bien, nuestro organizador es a su vez padre de cuatro niños (las universidades estatales) que serán participes de la competencia, pero quienes, no obstante, reciben de él, su padre, apenas un 20% de los recursos necesarios para prepararse para el evento, mientras los sostenedores de los otros competidores invierten todo lo que tienen disponible en que sus representantes salven con éxito el desafío. Estos niños, los hijos del organizador, que serán sometidos a las misma exigencias que los otros y no obstante suponerse tienen quien los apoye (el estado), en verdad no reciben ese apoyo. Así y todo se someten al proceso, arreglándoselas como pueden con ese 20% y lo que “machetean” de algunos transeúntes (en este caso los estudiantes que estudian allí) y en la mayoría de los casos lo salvan exitosamente: consiguen la acreditación, en muchos casos, incluso, con mejores resultados que los que si contaron con mayor amplitud de apoyos.

Más o menos eso ha sido el proceso de acreditación. El estado acredita, pero deja solas a las universidades que en teoría dependen de él, precisamente cuando nos encontramos en el siglo de la investigación y el conocimiento. El problema, es que, pese a haber sido acreditados, los planteles estatales mantienen los mismos índices de ayuda estatal y así y todo se les exige cumplan con sus objetivos públicos (calidad, accesibilidad, investigación, formación integral). Lo que en simple significa el siguiente mandato: “dele educación superior de calidad a bajo precio a estudiantes de bajos recursos, ¡pero cobrándoles para financiar esa actividad a los mismos estudiantes de bajos recursos!.


Para las elecciones en que fue electa Michelle Bachelet, misma cosa, se pontificó en los foros y debates sobre el flagelo de nuestra mala educación, pero no se hizo nada sino hasta la irrupción de la explosión de las demandas de los estudiantes secundarios, la “revolución pingüina”. Ya sabemos que luego de haber puesto el tema en el tapete y lanzar cortinas de humo y comisiones estériles por los viejos políticos del siglo pasado, la demanda tuvo apenas cambios cosméticos que, juzgue usted, no hicieron gran diferencia entre el momento previo a la revolución estudiantil y lo que vivimos hoy. Es cosa de mirar con atención para constatar el virtual status quo tras la movilización de 2006, que terminó llena de promesas y declaraciones de buenas intenciones.

Por último, están los problemas propios de los estudiantes secundarios. Un artículo publicado por la periodista Irene Padilla en el diario El Rancagüino “Las penas y pobrezas de dos liceos sanfernandinos” (Edición especial Colchagua al Día, 14 de julio de 2011, página 11) da cuenta de los increíbles problemas de dos liceos públicos de la capital de Colchagua: uno con filtraciones de aguas servidas en plena sala de clases y fecas de ratones en el comedor y baños y otro con un laboratorio escolar de lujo ganado a través de un concurso, el que no se ha implementado tras años, porque aparentemente el municipio se gastó los recursos asociados a la implementación del mismo, los cuales también fueron entregados por la entidad benefactora como parte del premio.


A los asuntos de infraestructura se suma el hacinamiento en las salas de clase; la mala calidad docente (tema para otro y largo análisis por sus múltiples aristas); la dependencia directa de un organismo estatal especializado en educación que les garantice prioridad y los aleje de la a menudo deficiente administración municipal; los recursos, espacios y apoyo a actividades de formación integral propias de los jóvenes (y de tanta relevancia); el uso efectivo de la tarjeta nacional estudiantil, y entre otras cosas, todo lo relativo a la educación superior que es la realidad que, a los que quieran proseguir con sus estudios, les espera.

En mi opinión, estos jóvenes movilizados, en Rengo o en cualquier lugar, no están perdiendo el tiempo, no son cabros que sacan la vuelta o están viviendo una aventura inmadura, infantil o irresponsable… muy por el contrario, demuestran una rara vocación social, difícil de encontrar en los no tan lejanos ‘90s cuando abundaba el “no estoy ni ahí”.

Si han radicalizado sus posturas, si desconfían de las promesas para bajar las movilizaciones, sin son más perseverantes en las “medidas de presión” es porque saben que el movimiento que les antecedió el 2006 terminó en nada o en muy poco.

Ellos entienden con madurez y pragmatismo (de mirada a mediano-largo plazo, si se quiere) que, incluso, más vale perder un año escolar se a cambio se gana una vida de oportunidades y una educación de calidad -para ellos y para las nuevas generaciones-. Pues, con honestidad y en estricto rigor, los años perdidos en verdad son aquellos en que, suponiendo haber recibido educación, lo que tuvimos fue un remedo de ella (los 12 juegos, como los llamaban Los Prisioneros en los 80’s, cuya realidad no ha cambiado mucho).

Más que mal, si los estudiantes se bajaran ahora de las movilizaciones, sin respuestas concretas y satisfactorias que comprometan cambiar el modelo educativo que lleva más de 40 años de fracaso, no solo el esfuerzo y el desgaste habrá sido en vano, sino, de seguro, en 5 años más, tras más mala educación, promesas incumplidas, mesas de diálogo estériles, comisiones y diagnósticos inútiles, sus hermanos menores, con más ganas, con más rabia, con más fuerza volverán a luchar, a tomarse los mismos liceos y colegios, pidiendo una educación más justa, más digna, más igualitaria.

La misma que sus mayores buscaron y estuvieron a punto de alcanzar el 2011… pero les bajaron antes.

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